
La Comisión Europea prepara un paquete de ayuda financiera para ayudar a los agricultores a contrarrestar la subida de precios de los fertilizantes, alimentada por la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo (por el estrecho de Ormuz transitaba casi un tercio de las materias primas necesarias para fabricar fertilizantes). Este nuevo cortocircuito se suma a uno anterior: la fuerte dependencia de las importaciones de abonos de países como Rusia o Bielorrusia, que ya provocó una gran volatilidad en 2022 de la que la UE nunca se ha recuperado del todo. El Ejecutivo comunitario ha lanzado un plan de acción que incluye, como medida inmediata, un incremento “sustancial” de la reserva agrícola, el fondo de emergencia actualmente dotado con 450 millones de euros anuales integrado en la Política Agrícola Común (PAC). Junto a esa medida plantea otras “estructurales” para que la UE no vuelva a ser tan vulnerable en este campo debido a factores geopolíticos exógenos.

La transición hacia una economía más verde pasa, en buena medida, por transformar la manera en que se construye y se habita. Mejorar la eficiencia de los edificios y reducir su huella ambiental es un objetivo ampliamente compartido por los Estados que firmaron el Acuerdo de París de 2016, pero que avanza con menor brío del esperado. Pese a que la intensidad energética de los edificios se ha reducido en un 8,5% entre 2015 y 2024, se trata de un porcentaje tres veces inferior al que debería haberse dado para cumplir con los objetivos marcados hace una década.

La industria de alimentación y bebidas acusó en 2025 los efectos de los aranceles impuestos por la administración estadounidense que preside Donald Trump. Las exportaciones de este tipo de productos a Estados Unidos sufrieron en 2025 una contracción del 9,6%, hasta los 3.041 millones de euros, bajando un puesto, hasta el quinto, entre los países que más importan alimentos y bebidas españolas.

Cada vez hay menos jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. Según los últimos registros de Eurostat, la proporción de personas de 15 a 29 años que ni están empleadas ni están cursando estudios se situó en 2025 en el 11,5%. Es medio punto menos que en 2024, lo que lleva esta cifra al mínimo desde que empiezan los datos de la oficina estadística europea (en 2002), incluso por debajo del nivel registrado en la burbuja del ladrillo. Los expertos asocian esta mejora a la combinación de la pronunciada caída del paro juvenil y, a la vez, del retroceso del abandono escolar, una doble tendencia que acerca a España cada vez más a la media de la Unión Europea (11%). La diferencia es solo de medio punto, la mitad que un año antes y muy lejos de la enorme brecha que se llegó a registrar durante lo peor de la Gran Recesión.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el primer paso para poner en marcha el instrumento de inversión España Crece, bautizado como fondo soberano y que aspira a movilizar 120.000 millones de euros. El fondo facilita la transición del plan de recuperación europeo, el mayor programa de apoyo público puesto en marcha hasta la fecha en España y que finaliza este agosto. Con España Crece, el Gobierno se dota de un brazo inversor sin precedentes y no se pone fecha límite para emplearlo, de forma que podrá inyectar dinero en la economía sin la ansiedad del exigente plazo de los fondos de la UE, que dejarán parte del dinero sin gastar. Entre los objetivos de gasto se incluye la defensa, un ámbito que los fondos europeos no contemplaban.

El Tribunal Supremo blinda el derecho de los autónomos colaboradores a poder capitalizar el paro para darse de alta en la Seguridad Social y participar de un negocio familiar. En una sentencia reciente, del 11 de marzo de 2026, la Sala de lo Social dictamina que los autónomos colaboradores tienen pleno derecho al pago único de la prestación por desempleo y corrige la interpretación restrictiva que venía aplicando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para quienes deciden abandonar las listas del paro para incorporarse al negocio de un familiar.

El panorama de la seguridad en España registró un ligero aumento, del 0,8% en el número de incidentes ocurridos durante 2025 con respecto al año anterior, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Si bien el sector residencial sigue teniendo un peso importante en el volumen total de alarmas, un análisis pormenorizado del sector de los negocios revela una continuidad en el sector de los negocios: las naves industriales se mantienen como uno de los principales focos de incidentes de seguridad, concentrando casi el 36% del total de los saltos de alarma, según datos de ADT.

Desde finales del año pasado, hay más de 600.000 personas que compaginan su empleo principal con un puesto de trabajo secundario, en el que realizan un promedio de trece horas para complementar su salario y llegar a fin de mes o conseguir un margen de ahorro. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, la cual se alcanza en un contexto de récord de ocupados, no obstante, también supone un regreso en términos porcentuales a los valores de 2006, de la burbuja inmobiliaria.

La compraventa de viviendas anotó en marzo su tercer mes consecutivo negativo en tasa interanual al retroceder un 2,2% lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos. Si bien el número de operaciones registradas superó las 61.000, manteniendo -incluso superando- el ritmo medio de los meses anteriores, el sector ya habla de una "estabilización del apetito comprador".

UPTA tras analizar la evolución y permanencia de las actividades acogidas a la tarifa plana en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), considera imprescindible acometer una reforma profunda del actual sistema de incentivos al autoempleo. El análisis de la organización revela que una parte muy importante de las actividades iniciadas bajo este modelo no consigue consolidarse una vez finaliza el período bonificado de cotización.
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