La nueva ola inflacionista no termina de ganar altura en España. La intervención del Gobierno para contener los precios de la energía con rebajas de impuestos ha logrado frenar la escalada de los precios, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerraron mayo creciendo a un ritmo del 3,2%, la misma velocidad de crucero que en abril. ¿Fin del problema? No tan rápido: los descuentos fiscales a la electricidad y el gas natural acabaron el 1 de junio, lo que ya está encareciendo las facturas de hogares y empresas, y los de los carburantes expiran el 30 de junio. Ambos factores amenazan con provocar un efecto rebote de la inflación en los meses de verano. Algunos expertos hablan de un salto hasta los alrededores del 4% si no se prorrogan los descuentos a los carburantes, una tasa que no se ve desde hace más de tres años.
La construcción de vivienda protegida (VPO) se refuerza como alternativa a un mercado inmobiliario cuyos precios expulsan cada vez a más ciudadanos. En los tres primeros meses de 2026, se finalizaron en España 5.215 casas con ayudas públicas, lo que supone el mejor arranque de año desde 2012, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda. Además, el número de inmuebles de esta tipología que se iniciaron (los permisos provisionales) también marca el mejor registro de los últimos 14 años, al ascender a 4.048. Son cifras abultadas para lo que era un sector anémico en los últimos años, pero aún están a años luz de lo que era habitual en España antes del estallido de la burbuja de principios de siglo. A modo de ejemplo, el primer trimestre de 2008 (el año en que arranca la serie estadística del Gobierno) se completaron en España más de 15.000 VPO. Así el dato de este año, que supera en casi un 75% al del primer trimestre de 2025, refleja que el despegue todavía no es completo.
El conflicto en Oriente Próximo continúa y las empresas del transporte y la logística, agrupadas en la patronal UNO, han pedido al Gobierno que prorrogue el escudo de medidas extraordinarias aprobado el pasado mes de marzo para amortiguar el incremento en los precios energéticos. El presidente del colectivo, Francisco Aranda, ha defendido en una reunión de seguimiento de la iniciativa, mantenida con el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la necesidad de una ampliación de al menos tres meses ante la expiración de las bonificaciones al combustible prevista para el próximo 30 de junio.
El problema de la falta de casas asequibles, que asola a buena parte de la Unión Europea, debería ser tratado no solo desde el punto de vista económico, sino también bajo la perspectiva de los derechos humanos por su impacto crucial en la sociedad de un continente donde “cada vez más personas no pueden permitirse pagar su vivienda y corren peligro de quedarse sin hogar”. Así lo afirma la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la UE (FRA, en su sigla inglesa) en su último informe anual, donde identifica esta cuestión como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el bloque comunitario.

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