El Gobierno ha aprobado este miércoles en un real decreto ley una serie de cambios tributarios para neutralizar la tributación por IRPF en los sueldos más bajos tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la fijación del suelo retributivo en 18.004 euros anuales para 2027, la norma modifica la Ley del IRPF para incrementar la actual deducción por rendimientos del trabajo, asegurando que quienes perciban esa cantidad queden exentos de pagar el impuesto. Además, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma incluye un ajuste en el cálculo de las nóminas y de las retenciones que practican los empleadores, tal y como avanzó el martes el ministro de Hacienda, Arcadi España. El objetivo es que la rebaja se traslade de forma inmediata al bolsillo de los contribuyentes desde el mes de enero.
El sector exportador español volvió a exhibir músculo en septiembre, con unas ventas récord a terceros países de 36.159 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo mes del año pasado. Y otro tanto ocurrió en términos acumulados, con unas exportaciones que, por primera vez, rebasaron la barrera de los 300.000 millones (hasta los 300.341 millones, concretamente) en el periodo enero-septiembre, aunque, eso sí, con un alza más atenuada, del 4,2%, según el último Informe de Comercio Exterior, publicado por el Ministerio de Economía.
El impacto de la morosidad sobre el tejido empresarial se ha mantenido a lo largo de 2026 en niveles muy elevados. En concreto, el 58 % de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad en su actividad, dos puntos por encima de los valores que se registraban hace un año. Esta es una de las conclusiones más relevantes de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado los gestores más de 500 firmas de todos los tamaños y sectores.
Según la última edición del Barómetro de la Asesoría de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, el 61% de las empresas españolas no están preparadas para afrontar los cambios que se producirán en los procesos de facturación en los próximos años, derivados de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. A principios de octubre se activó la cuenta atrás de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, cuya implantación se llevará a cabo entre 2027 y 2028, y se anunció que el calendario de aplicación de Verifactu se hará coincidir en 2028.

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