La reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones contará con fondos europeos. Esa es la intención del Gobierno español. Va a modificar el Plan de Recuperación, que gestiona los fondos europeos concedidos por la pandemia, para hacer acomodo a las necesidades que han surgido tras la catástrofe causada por la Dana en Valencia.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha puesto en marcha un paquete de créditos con carácter “urgente” para ayudar a España tras la devastación de la dana por hasta 900 millones de euros. La ayuda, ha revelado la presidenta de la institución prestataria europea, Nadia Calviño, será destinada a la reconstrucción de infraestructuras críticas para hacerlas más resilientes de cara a nuevas amenazas climáticas.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la Estadística Continua de Población (ECP) referente al tercer trimestre de 2024, periodo en el que España ha alcanzado su récord de población con un total de 48.946.035 habitantes a 1 de octubre de 2024.
La rotación de personal se ha convertido en un desafío cada vez mayor para las empresas en los últimos años, posicionándose como una de sus principales preocupaciones. Según el último Informe sobre Rotación de Personal de Infojobs, 2024 está siendo calificado como un año “muy difícil” en términos de retención de talento.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley que autoriza el primer paquete de medidas para ayudar a las personas, autónomos y empresas afectados por la dana. Las ayudas, que alcanzan los 10.600 millones de euros, se podrán empezar a solicitar a partir de mañana, jueves 7 de noviembre. A través de esta normativa se refuerzan las ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. No obstante, cuadriplica las cantidades máximas subvencionables previstas y elimina algunos requisitos. Además, establece plazos ampliados para facilitar el acceso a los fondos.
Los representantes de los empresarios españoles no suscribirán el acuerdo para reducir la jornada laboral ordinaria a 38,5 horas este año, y a 37,5 horas el que viene. Así lo ha confirmado este martes la patronal, tras una reunión extraordinaria que ha fijado la posición que los empresarios defenderán en el próximo encuentro con el Ministerio de Trabajo, el último de una negociación que empezó en enero.
El Gobierno tiene previsto lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface después de que las aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta actual, que planteaba una subida en las primas del 17,12% en dos años.
Hacienda ya tiene fecha para que entre en marcha la nueva obligación para que pymes y autónomos que ingresen menos de 6 millones de euros compartan de forma inmediata su facturación con el fisco. El ministerio que encabeza María Jesús Montero prevé que este deber entre en vigor de forma escalonada, de modo que las empresas comiencen a remitir sus facturas a la Agencia Tributaria a partir del 1 de enero de 2026, y los autónomos lo hagan seis meses después, a partir del 1 de julio de 2026.
Las asociaciones de trabajadores autónomos como ATA, UPTA y UATAE, y patronales como Foment del Treball, reclaman ayudas económicas directas para los afectados, que van desde los 6.000 hasta los 12.000 euros. Defienden que pese a la posibilidad de que puedan acogerse a distintos de soporte como los ERTE o los ERE, así como a las prestaciones por cese de actividad, sin un apoyo adicional y directo, muchas empresas corren el riesgo de desaparecer.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el aplazamiento del segundo pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la más afectada por la dana que golpeó duramente la semana pasada el litoral mediterráneo de España. Esta medida, explica el Ministerio de Hacienda en una nota, ha sido propuesta por la vicepresidenta primera y titular del ramo, María Jesús Montero, y tiene como objetivo aliviar la situación económica de los ciudadanos afectados por este desastre natural, que se ha cobrado la vida de al menos 200 personas y ha causado daños materiales todavía incalculables.
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