La catástrofe de la dana ha puesto en suspenso numerosas cuestiones que afectan a las acciones de gobierno debido a la dedicación de los dirigentes del Ejecutivo a paliar, de forma prioritaria, los efectos de las graves inundaciones en Valencia. Entre los asuntos que se han visto interrumpidos están las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales. Esta interrupción llegó justo cuando la patronal iba a comunicar oficialmente que no va a formar parte de un acuerdo para este recorte del tiempo de trabajo. Por ello, el Gobierno negociará en solitario con los sindicatos CC OO y UGT el texto que llevará posteriormente al Congreso, donde “por mucha prisa que se den no podrá aprobarse antes de la primavera”, aseguran fuentes sindicales, que esperan su aprobación para entonces.
Los hogares han vuelto a ver cómo la cesta de la compra se encarecía en octubre. Los alimentos repuntaron en este mes hasta el 1,9%, una décima más respecto a septiembre. Su subida es consecuencia de la recuperación parcial del IVA en los alimentos, después de casi dos años de bonificación impositiva al 0%.
Combatir la siniestralidad laboral es una tarea en la que todos los agentes sociales convergen. Sin embargo, aunque la fatalidad sigue siendo una fuerza muchas veces incontrolable, las causas por las que se producen estos accidentes definen el impacto que las nuevas formas de trabajo tienen sobre la salud de las personas; al tiempo que fundamentan las reclamaciones de colectivos de trabajadores que solicitan poder adelantar su jubilación apelando a la condición de penosidad y peligrosidad de su actividad. Los últimos en demandar el acceso a estos coeficientes reductores —previstos ya para los trabajadores del mar, los mineros o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— han sido los transportistas, tres meses después de que el Ministerio de Seguridad Social acordase con sindicatos y patronales abrir el catálogo de profesiones con este derecho.
España está obligada a elevar la productividad para asegurar su crecimiento económico. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el centro de estudios EuropeG y publicado este miércoles en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el que se analiza la resiliencia de la economía nacional desde el 2008 y sus posibles obstáculos futuros.
El Gobierno quiere tener lista antes de acabar el año la reforma del Plan de Recuperación para destinar recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones. No será la única fuente de fondos de la Unión Europea a la que piensa acudir el Ejecutivo. También pretende recurrir al “fondo de solidaridad, los fondos Estructurales y de Cohesión”, según ha desglosado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Bruselas, donde ha ido este martes para reunirse con tres comisarios y la secretaria general de la Comisión Europea. Ellos le han dado “una respuesta favorable y solidaria”, ha señalado.
El Real Decreto de ayudas para los afectados por la dana que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ampliado las ayudas a las empresas y autónomos que hayan sufrido daños materiales en la zona cero de la dana, pero ha dejado fuera a miles de transportistas y autónomos que estaban de ruta o desplazados a estas zonas de forma temporal. En concreto, estos trabajadores solo podrán acceder a las prestaciones por cese de actividad extraordinaria, total o parcial aprobadas por la riada, pero no a las ayudas directas ni a los beneficios fiscales.
Las inundaciones ocasionadas por la dana han puesto en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Para ellas, los planes de reestructuración (PdR) son una alternativa para evitar el concurso de acreedores y salvar el negocio, en caso de que se enfrenten en un futuro a una situación de insolvencia. Ante este escenario, el Consejo General de Economistas y la CEOE han presentado una guía con casi 100 preguntas y respuestas para entender qué es un plan de reestructuración, cómo funciona, y qué se necesita para implementarlo. Desde que se reguló este mecanismo, en septiembre de 2022, su uso ha sido limitado pese a que los expertos creen que “podría ser de gran utilidad para garantizar la supervivencia de muchas empresas, entre ellas las más de 72.000 afectadas por la dana”.
La inflación galopante que ha golpeado a España —y prácticamente a todo el mundo— al salir de la pandemia y que ha agudizado la guerra en Ucrania ha hecho estragos, pero las subidas salariales y de pensiones que han venido después están compensando el poder adquisitivo perdido. El año pasado, los trabajadores españoles recuperaron casi tres puntos de poder de compra que habían perdido durante la crisis del coste de la vida.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone en marcha un instrumento adaptado a las necesidades de hogares y empresas para hacer frente a catástrofes naturales, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. A través de esta línea hogares, autónomos y empresas con necesidad inmediata de liquidez para hacer frente a los perjuicios sufridos por la DANA, podrán acceder antes al importe de las indemnizaciones, usándolas como garantía.
Las personas afectadas por la DANA que sean titulares de planes de pensiones podrán retirar hasta un máximo de 10.800 euros de manera excepcional durante los próximos seis meses. Es una de las medidas del segundo paquete de ayudas publicado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la DANA.
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