La reforma de las pensiones aprobada en España en el marco del Plan de Recuperación aumentará el gasto del sistema en 3,6 puntos de 2022 a 2070, según un informe sobre las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población en la UE publicado este viernes por la Comisión Europea, en el que insta al Gobierno a acometer un ajuste equivalente unos 12.000 millones de euros.
"Se prevé que el gasto público en pensiones aumente 3,6 puntos porcentuales entre 2022 y 2070. La mayor parte de esta dinámica se explica por la evolución de la tasa de dependencia de la tercera edad, que aumenta significativamente entre 2022 y 2070 (10,3 puntos), reflejando el envejecimiento de la población española incorporado en las proyecciones demográficas utilizadas en este informe. Por otro lado, dos factores principales contribuyen a moderar el aumento del gasto público en pensiones. En primer lugar, el descenso de la ratio de prestaciones (-4,1 puntos) debido a una mayor tasa de crecimiento de los salarios que de las prestaciones por pensiones. Asimismo, el aumento de la proporción de nuevas pensiones de jubilación topadas, debido a tasas de crecimiento más elevadas de las bases de cotización que de la cuantía máxima de las pensiones, desempeña un papel importante en la disminución de la ratio de prestaciones. En segundo lugar, el efecto del mercado laboral también mitiga el aumento de la ratio de gasto en pensiones, debido a una mayor tasa de empleo y a un efecto de cambio de carrera profesional, ambos fomentados por las medidas adoptadas en las reformas de 2011 y 2021", recogen.
El documento, de 64 páginas, tiene en cuenta tanto las medidas aprobadas en 2021 (entre las que destaca la revalorización de todas las pensiones con el IPC) como las de la segunda parte de la reforma, de 2023, en la que el sistema buscó dotarse de ingresos extra principalmente vía cotizaciones sociales, y defiende que las "principales fuerzas" de este incremento del gasto son esa indexación de las pensiones al IPC y la "abolición" del factor de sostenibilidad que tenía la anterior legislación.
Estos dos vectores de aumento del gasto en pensiones se ven sólo "parcialmente compensados" por el nuevo mecanismo de incentivos para alargar la edad efectiva de jubilación, así como por el aumento de las contribuciones al sistema.
Si se compara la evolución del gasto público en pensiones con la que se produciría si no se hubiera aprobado la última reforma del exministro José Luis Escrivá, la Comisión obtiene que el gasto será de 3,3 puntos más para 2050 y de 5 puntos más para 2070. La brecha se debe a que en el escenario precedente las pensiones se actualizarían con el índice de revalorización anterior (el IRP) y en 2023 no habrían subido un 8,5%, además de que desde el año pasado se habría aplicado también el Factor de Sostenibilidad (un mecanismo que rebajaba la pensión inicial en función de la esperanza de vida a los 67 años). Los pensionistas, eso sí, habrían perdido poder adquisitivo.
"En resumen, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070. Los principales motores de esta presión al alza del gasto público en pensiones son la nueva norma de indexación basada en el IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad. El nuevo régimen de bonificaciones y primas y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento. El resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones", zanja la Comisión.
El resultado de esta comparación muestra que el gasto en pensiones en el escenario alternativo (sin la reforma de 2021 y 2023) alcanzaría su nivel más alto en 2044 (un 14,2% del PIB), bajaría hasta el 14% en 2050 y retrocedería después hasta un 11,7%. Ahora, sin embargo, el gasto en pensiones teniendo en cuenta la reciente reforma aumentará, según los cálculos de la Comisión Europea, hasta el 17,3% en 2050 (3,5 puntos más) y después caerá hasta el 16,7% en 2070 (5 puntos más que en ausencia de reforma).
El incremento hasta 2050 se explica por el "rápido" envejecimiento de la población española y la jubilación de la generación del baby boom, que se ve compensado en parte por un mayor crecimiento de los salarios que de las pensiones y por la mayor tasa de empleo.
A partir de ese año, la tendencia demográfica "cesa" y deja de tener efecto en el gasto en pensiones, que comienza una "leve" reducción durante las siguientes dos décadas.
Con respecto a los ingresos del sistema público de pensiones, el informe apunta a que crecerán 1,7 puntos porcentuales hasta 2050 y 1,1 puntos hasta 2070, principalmente por el aumento de contribuciones por parte de trabajadores y de sus empresas derivado del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el nuevo sistema de cotización para autónomos, la cuota de solidaridad y la subida de las bases máximas de cotización.
En consecuencia, las contribuciones al sistema representarán un 14,6% del PIB en 2050 y posteriormente retrocederán hasta el 14% en 2070.
Esta evolución prevista de ingresos y gastos provocará que el déficit del sistema alcanzará su nivel más alto en 2053 (de un 3,1%) para después estabilizarse en torno al 2,7%. Antes de que se aprobara esta reforma, el déficit máximo esperado para todo el horizonte de proyección era del 1,5% del PIB, menos de la mitad.
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