Los empresarios son más conscientes de la necesidad del seguro

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa

La crisis desatada por la Covid-19 está teniendo un especial impacto en la pequeña y mediana empresa. Más del 50% de las pymes cree que su supervivencia está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo. Ante esta situación, “las aseguradoras han garantizado en todo momento el servicio para sus asegurados, ampliando incluso algunas coberturas como el asesoramiento jurídico o la ciberseguridad para ayudar a sus clientes en unas circunstancias tan excepcionales. Además, las entidades han sido muy flexibles con sus clientes facilitando el pago de las primas y buscando soluciones para mantener el aseguramiento de los riesgos”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa. Ahora, los empresarios son más conscientes de la necesidad de estar arropados por un seguro.

¿Desde su cargo de vicepresidenta de la CEOE cómo ve la situación de las pymes y de los autónomos en estos momentos?

La crisis desatada por la Covid-19 está teniendo un especial impacto en la pequeña y mediana empresa. Según la última edición del ‘Barómetro de la Pyme’ que Cepyme ha realizado entre septiembre y octubre, más del 50% de las pymes consultadas cree que su supervivencia está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo. Asimismo, más del 90% ha reducido sus ingresos debido a la Covid-19 y para el 40% ha disminuido más de la mitad.

Las pymes han intentado hacer frente a esta situación con diversas medidas de manera simultánea. Según los datos de Cepyme, un 43% ha optado por presentar ERTE. A su vez, otro 38% ha implementado el teletrabajo como vía para mantenerse operativas. Otras pautas seguidas han sido la reducción de la actividad, la reducción o distribución de la jornada; la reestructuración operativa, la refinanciación de la deuda, la moratoria de obligaciones fiscales o el despido de parte de la plantilla. Concretamente, el ‘Barómetro de la pyme’ muestra que el 50% de las empresas consultadas ha realizado una reestructuración de plantilla y un tercio de éstas, ha disminuido su plantilla en más de un 50%.

La prolongación de la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre las medidas aplicadas para controlarla están teniendo unos efectos muy negativos sobre el tejido empresarial en su conjunto. Es prioritario, en estas circunstancias, apoyar al máximo a las empresas e intentar salvar el mayor número posible de ellas, porque solo así podremos afrontar la recuperación cuando llegue.

¿Qué opina de las ayudas que se les están dando? ¿Qué echa en falta en esas ayudas?

Las ayudas institucionales que se están dando a las pymes son insuficientes. Las que se adoptaron en marzo, especialmente los ERTE y las líneas de avales del ICO, surtieron efectos positivos en el mantenimiento del empleo y la llegada de liquidez a las pymes. Sin embargo, con la prolongación de esta situación, sus efectos están prácticamente agotados y son necesarias nuevas medidas de apoyo.

Ante la continuidad de la crisis y la situación actual de la pequeña y mediana empresa, es necesario un plan de reactivación de la demanda, moratorias de impuestos y otras obligaciones, así como la extensión de los ERTE más allá del 31 de enero. Todo esto, además de ayudas directas para las empresas que les permitan paliar los graves efectos de la presente situación.

Por otro lado, cualquier restricción a la actividad que se implante en esta segunda ola de la pandemia debería ir acompañada de medidas que faciliten la continuidad de las empresas, tal y como ya está sucediendo en la mayor parte de los países europeos.

¿Como presidenta de Unespa, qué se está haciendo desde la industria aseguradora para ayudar a las pymes y a los autónomos en estos momentos tan duros?

Desde el inicio de la pandemia, la industria aseguradora está desempeñando más que nunca su función de red de seguridad de la sociedad. Las aseguradoras han garantizado en todo momento el servicio para sus asegurados, ampliando incluso algunas coberturas como el asesoramiento jurídico o la ciberseguridad para ayudar a sus clientes en unas circunstancias tan excepcionales.

En segundo lugar, en general, las entidades han sido muy flexibles con sus clientes facilitando el pago de las primas y buscando soluciones para mantener el aseguramiento de los riesgos.

Por último, las aseguradoras han respondido, evidentemente, a través de productos específicos que ya tenían en cartera pero que han cobrado en estos momentos más importancia que nunca para salvar a muchas pymes y autónomos de situaciones realmente complicadas. Hablamos de seguros como el de Crédito o el de Protección de Pagos.

¿La industria aseguradora está comunicando bien las medidas que realiza?

Tengo la convicción de que las entidades están trasladando a sus asegurados las medidas especiales puestas en marcha durante esta pandemia. Desde el inicio de ella, las entidades han priorizado el refuerzo de sus canales de comunicación para transmitir tranquilidad a sus asegurados, acerca del mantenimiento de los servicios y coberturas contratados, a pesar de las circunstancias. En la misma línea, están comunicando ahora los nuevos productos, servicios o procedimientos que están implementando para facilitar a los asegurados la máxima ayuda posible en estos momentos tan complicados.

¿Son más conscientes ahora los empresarios de la necesidad de estar arropados por un seguro?

Por supuesto que somos más conscientes del riesgo, la sociedad en general y el empresario en particular. Lo somos porque hemos vivido el riesgo en primera persona.

Todo emprendedor sabe que al poner en marcha un negocio está asumiendo ciertos riesgos que pueden producirse o no, pero que existen. Esta situación, sin embargo, nos ha hecho experimentar a todos, sin excepción, lo que supone que una amenaza de riesgo se convierta en una realidad, en algo que dinamita cualquier tipo de previsión.

De ahí que ahora sea más importante que nunca que las empresas conozcan los riesgos a los que están expuestas, que no es tarea sencilla, y, sobre todo, las herramientas que están a su disposición para prevenir y paliar sus consecuencias. Esto es lo que abordamos en el site Prevenir Para Crecer, que hemos desarrollado en colaboración con Cepyme y que busca concienciar a los gestores, propietarios, trabajadores y colaboradores de pymes sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas estas empresas, la manera de evitarlos, así como las formas en que el seguro puede prestar apoyo en caso de que algo se tuerza.

¿Qué aceptación está teniendo este portal?

En los primeros 15 días desde su publicación el portal digital ‘Prevenir para Crecer’ ha recibido más de 2.000 visitas y esperamos que pueda convertirse en una herramienta útil que ayude a evitar muchos disgustos a la pequeña y mediana empresa.

El empresario es per se una persona dispuesta a asumir riesgos, pero precisamente por eso es también una persona que sabe no exponerse a riesgos innecesarios. La prevención es una herramienta clave. Esto es algo que ha quedado patente durante esta pandemia, pero en el sector asegurador somos conscientes de ello de forma intrínseca. Por esa razón hemos querido trasladar a las pymes las bondades de la prevención. Las pequeñas y medianas empresas deben tomar las medidas necesarias para que los riesgos que les amenazan no lleguen a materializarse; y en segundo lugar, para tratar que, de producirse el riesgo, sus consecuencias sean lo menos dañinas posible.  

‘Prevenir para Crecer’ supone un paso más en la necesaria divulgación de la cultura aseguradora y de la prevención en general. En este caso, hemos identificado los nueve riesgos principales a los que se enfrentan las pymes y hemos recopilado sencillos consejos que les pueden ayudar a evitarlos. Además, hemos recogido y explicado de forma clara y sencilla más de 50 coberturas de seguros que contribuyen a evitar estos sobresaltos y situaciones indeseadas en el día a día de las empresas.

¿Qué tipos de seguros para pymes y autónomos están saliendo más reforzados de esta crisis?

Ningún seguro ha dejado de ser necesario durante la pandemia y todos han cumplido con su función reparadora. Por lo tanto, sería un error por mi parte indicar qué tipo de seguro sale más reforzado de esta crisis.

No obstante, existen una serie de seguros cuya función se evidencia en momentos de crisis económicas, como los seguros de Crédito. Este tipo de pólizas cumple un papel fundamental para asegurar el cobro de las transacciones comerciales que lleven a cabo pymes o trabajadores autónomos, en caso de insolvencias de sus clientes por falta de liquidez. El impulso de este tipo de seguros refuerza la liquidez de las empresas en general, que pueden así hacer efectivos sus créditos en estos tiempos difíciles. Esta protección, sin duda, ayuda a paliar el impacto negativo que las medidas extraordinarias para frenar la Covid-19 están teniendo en el conjunto de la economía y en las empresas en particular.

Asimismo, los seguros de Protección de Pagos también cumplen un papel muy importante en momentos como el actual, ya que garantizan el pago de las obligaciones contraídas por los asegurados en determinadas circunstancias, como son la incapacidad temporal, el desempleo o la hospitalización. Desgraciadamente, estas son circunstancias más frecuentes que nunca en este momento y de ahí la importancia de tener contratados este tipo de seguros. Se trata, precisamente, de seguros que suelen ir vinculados a productos financieros, como son la concesión de préstamos, créditos, ventas a plazos… para garantizar que los asegurados seguirían haciéndose cargo de sus cuotas a pesar de las situaciones señaladas.

Desde Unespa se ha propuesto acabar con la letra pequeña de las pólizas ¿Se está consiguiendo a pesar de que la Ley del Contrato de Seguros exige que aparezcan muchas especificaciones?

Desde hace tiempo para Unespa “menos es más”. Apostamos por la sencillez y la claridad en la información que se ofrece a los clientes que deben conocer los elementos clave que definen al producto que podría interesarle. Deben conocer aquello que les permita tomar una decisión informada ya que un exceso de datos genera confusión, no mayor claridad.

Esta situación, sin embargo, no es solo responsabilidad de la Ley de Contrato de Seguro. Existen otras normativas internacionales, europeas, nacionales y locales que se solapan con la misma, se superponen, especialmente en materia de información. Esto hace difícil proporcionar al consumidor una información sencilla, transparente y, sobre todo, de utilidad cuando se le presenta un producto. Por eso, es esencial evitar los solapamientos entre normas al elaborar cualquier nueva legislación o modificar una existente

Bajo esta premisa y centrados en buscar medidas especialmente dirigidas a pymes y autónomos, surgió el proyecto que he mencionado anteriormente, ‘Prevenir para Crecer’, en el que Unespa ha trabajado de la mano con Cepyme. Este portal forma parte de Estamos Seguros, la iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora que pusimos en marcha en 2016 y que busca, precisamente, acercar el mundo asegurador a la ciudadanía de una forma clara y sencilla. 

En definitiva, creemos que, dado que la normativa no ayuda a veces en este ámbito, el sector puede y debe, junto a las partes interesadas (en este caso los trabajadores autónomos y las pymes) emprender acciones que ayuden a comprender mejor lo que el seguro puede aportarles.

¿Desde el punto de vista del consumidor de seguros, qué sería necesario mejorar en la Ley del Contrato de Seguros?  

Desde el punto de vista del consumidor de seguros, lo ideal sería contar con una normativa que sea tecnológicamente neutra además de sencilla. Hoy en día, como he comentado, el consumidor demanda productos sencillos y fáciles de adquirir. La obligación de las aseguradoras es trabajar para conseguirlo, pero para ello necesitan el respaldo de los legisladores y los reguladores.

Una ley redactada en 1980 difícilmente podía contemplar que un cliente adquiera un producto desde su teléfono móvil, durante un viaje en autobús, sentado en el banco de un parque o tomando un café en un bar. Pero esta es la realidad actual y a la que debe responder la ley de 2020. Cuando las fórmulas de comercialización se simplifican de forma generalizada, no tiene sentido que nuestro marco legal obligue al cliente, en su artículo 3, a aceptar por escrito o soporte duradero las cláusulas limitativas del contrato, algo que dificulta la formalización del mismo, tanto por comprensión del contenido como por formalismos a la hora de aceptar.

Como se ha comentado anteriormente, a lo largo de los años, se ha producido un incremento desproporcionado de los requerimientos de información que las entidades deben facilitar a sus clientes, que lejos de proteger al consumidor lo confunden y hace tremendamente complicado el desarrollo digital del seguro.

La existencia de tanta información es un obstáculo a la comercialización a través de apps o sitios web dado que extiende excesivamente el proceso de contratación con datos tales como el uso de cookies, la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales, y toda la información precontractual de la aseguradora y del mediador, entre otros muchos, lo que es contrario a la sencillez e inmediatez que reclaman los clientes del siglo XXI.

Creemos que es necesario llevar a cabo un ejercicio profundo de simplificación. Se debe priorizar la información que se considera esencial para el cliente antes de la contratación frente a aquella que puede trasladarse en un momento posterior. Todo ello con el objetivo de impulsar la digitalización del seguro sin menoscabar la adecuada protección de los asegurados.

Unespa, en suma, está comprometida a trabajar en la transparencia y claridad de los contratos de seguros. Sabemos lo que queremos hacer, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda y el apoyo de quienes nos acompañan día a día en la actividad aseguradora; necesitamos a los consumidores y representantes de los colectivos a los que aseguramos; pero, sobre todo, necesitamos que el regulador también esté con nosotros, asuma los mismos objetivos, y trabaje en la misma dirección, para hacer realidad esta aspiración.

Siempre ha mantenido que el Gobierno debe mantener una fiscalidad que incentive el ahorro a largo plazo. ¿Qué cree que impide que esto sea así?

Las numerosas modificaciones del tratamiento fiscal en el ahorro a largo plazo han perjudicado al desarrollo de la previsión social complementaria en España. Si algo necesita un ahorrador es confianza y, sin duda, una fiscalidad inestable no la genera.

La propia Comisión Europea apoya este mensaje. En su Recomendación de 29 de junio de 2017 sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP, en inglés), puso de manifiesto que los planes de pensiones individuales pueden desempeñar un papel importante a la hora de conectar a los ahorradores con las oportunidades de inversión a largo plazo. También que los incentivos fiscales desempeñan un papel importante en el fomento de la asimilación de los productos de pensiones individuales (PPI) en los Estados miembros. De ahí que se haya creado en el ámbito de la Unión Europea un nuevo producto paneuropeo de pensiones individuales, que será una realidad a partir del año 2022, y que difícilmente podrá tener éxito en España si carece de unos incentivos fiscales adecuados.

Unespa, además, siempre ha reclamado que se debería informar a los ciudadanos, mediante una comunicación específica, sobre la pensión esperada futura que previsiblemente percibirán del sistema público y de los instrumentos de carácter complementario privados. De esta forma, los ciudadanos son conscientes de los recursos con los que contarán cuando se jubilen y pueden tomar las decisiones de ahorro oportunas desde edades tempranas. Para ello, debería aplicarse la obligación prevista en la Ley 27/2011 consistente en que la Seguridad Social informe, no sólo a los trabajadores mayores de 50 años, sino a todos los trabajadores, cualquiera que sea su edad, de la previsible pensión pública, en euros de hoy, que percibirían, bajo determinadas hipótesis, en el momento de jubilarse.

¿Qué cree que se debe hacer para incentivar las pensiones complementarias vinculadas a las empresas?

Desde Unespa siempre se ha defendido que, ante los retos que tiene España en materia de pensiones, el modelo de automatic enrolment británico es una referencia de éxito en la que mirarse. Este sistema supone la inclusión por defecto de los trabajadores en un esquema de previsión social al que tiene obligatoriamente que contribuir su empresa, siempre que el trabajador también aporte, y del que el trabajador puede salirse si así lo desea. Ningún sistema se puede exportar completamente, pero hay elementos muy valiosos en el sistema del automatic enrolment, con resultados probados, que podrían adaptarse.

Aunque fuera necesario prever tiempos largos de implementación, lo importante sería poner en marcha el sistema, de modo que el segundo pilar de las pensiones, infradesarrollado en España en comparación con otros países de nuestro entorno, pueda constituir en el futuro un complemento relevante. Éste, junto con la pensión pública y los sistemas de previsión social individuales, garantizan la suficiencia de las pensiones de nuestros jubilados.

Conviene también recordar que el National Employment Saving Trust (NEST) del Reino Unido (fondo de pensiones público de empleo británico) se reguló en la Ley de Pensiones británica de 2008 y comenzó a operar en 2012. Es decir, tardó casi cuatro años en comenzar a funcionar y, a día de hoy, casi 9 años después, sólo gestiona 9.500 millones de libras (unos 10.500 millones de euros). A modo de comparación, el total de ahorro gestionado en instrumentos de previsión social de II y III pilar en España ascendía, a 31 de diciembre de 2018, a 176.877 millones de euros, lo que suponía casi 17 veces el patrimonio que actualmente gestiona el NEST.

Han sido necesarios períodos de implementación largos para que NEST alcance velocidad de crucero y los niveles de contribución al sistema del automatic enrolment se hayan incrementado.

De la experiencia del Reino Unido se desprende, por tanto, que resulta necesario que transcurran bastantes años (más de una década) para que los sistemas de previsión social de empleo basados en la adscripción por defecto comiencen a tener un cierto grado de desarrollo. También hay que tener presente que NEST es sólo una parte del sistema de automatic enrolment, que difícilmente podría funcionar si no existiera una obligación por parte de las empresas de contribuir a estos sistemas de empleo, que es la que genera las suficientes economías de escala.

¿Qué opina de las últimas deliberaciones del Pacto de Toledo?

La comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, en sus recientes recomendaciones, ha subrayado la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones. Desde Unespa consideramos, sin embargo, que el necesario impulso a los sistemas de previsión social colectivos (II pilar), con el que estamos de acuerdo, debe llevarse a cabo sin menoscabo de los sistemas individuales de previsión social complementaria (III pilar).

Basándose en esta recomendación, el Gobierno ha planteado una medida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 por la que se reduciría el límite máximo conjunto para las aportaciones a todos los sistemas de previsión social a 2.000 euros anuales. Este límite sólo se incrementaría en 8.000 euros siempre que tal incremento provenga de aportaciones de la empresa para la que trabaja el empleado.

En España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con la situación existente en el resto de los países de nuestro entorno y este desajuste no puede dejarse casi exclusivamente a cargo de las empresas. Hace falta que los trabajadores, a título particular, tomen conciencia de la necesidad de ahorrar para su jubilación.

La media de las contribuciones por trabajador que realizan las grandes empresas que tienen constituidos sistemas de empleo en favor de sus empleados está todavía muy lejos del nuevo límite máximo de contribución de 8.000 euros para sistemas de empleo. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 90% del tejido productivo español, no tienen constituido en su mayoría ningún sistema de previsión social para sus trabajadores. En la presente situación, de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la Covid-19, resulta aún más difícil pensar que a corto plazo puedan constituir nuevos sistemas de empleo o incrementar sus contribuciones a los mismos. Carece de sentido, por tanto, reducir de una manera tan abrupta (de 8.000 euros a 2.000 euros anuales) los límites de aportación a sistemas de previsión social individual porque la traslación a los sistemas de empleo no va a ser inmediata. No se va a producir un efecto de vasos comunicantes a corto plazo.

La realidad es que, para que pueda producirse un desarrollo efectivo de los sistemas de empleo (II pilar) en España, resulta necesario adoptar una serie de medidas que van a tardar en fructificar muchos años. Durante ese período, va a seguir siendo necesario que el límite máximo de aportaciones a sistemas de previsión social individual se mantenga en los niveles actuales (8.000 euros al año).

¿A qué retos se enfrenta en estos momentos el seguro dirigido a pymes y autónomos?

Entre los riesgos emergentes a los que se enfrenta el seguro en este momento destacan los ciberriesgos. No se trata de un riesgo nuevo, pero en la actualidad ha adquirido un mayor protagonismo dado que, a causa de la Covid-19, ha cambiado totalmente la forma de operar y de trabajar a distancia. El mayor uso de las nuevas tecnologías ha hecho más vulnerables a las empresas ante los riesgos cibernéticos.

A este respecto, la labor del seguro debe ser la de asesorar adecuadamente al cliente, informando de los productos disponibles en el mercado para cubrir este tipo de riesgos y guiarle en función de sus necesidades, para que esté cubierto ante los riesgos cibernéticos.