Con el objetivo de que en el largo plazo el 80% de trabajadores estén cubiertos por planes de pensiones de empleo (PPE), hace casi tres años se aprobó la Ley 12/2022, de 30 de junio. Una normativa ampliamente analizada por Fernando Martínez-Cue, socio director de Martínez-Cue & Asociados y profesional asociado a LoRIS Retirement, en su informe ‘Claves para el crecimiento de las pensiones de empleo en España: una visión comparativa’, que ha publicado Instituto Santalucía, y que incide en la importancia de la cooperación de todos los agentes para lograr un nivel de ahorro estimable de cara a la jubilación de los trabajadores.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS 144
Más de 37 años después de la entrada en vigor de la primera Ley de Planes y Fondos de Pensiones (“periodo durante el que el desarrollo de los sistemas de pensiones complementarias en el lugar de trabajo ha sido muy pequeño, y donde las distintas leyes y normas complementarias no han logrado ese crecimiento”), vio la luz una nueva normativa con un claro objetivo: desarrollar la previsión social empresarial, generalizando el ahorro de los trabajadores a través de los PPE, especialmente entre aquellos colectivos de trabajadores que hasta la fecha prácticamente no tenían acceso a los mismos, como los empleados de pymes y los autónomos.
La meta, tal y como especifica el informe, es que ocho de cada diez trabajadores terminen contando con un PPE (o instrumentos alternativos de previsión empresarial), así como alcanzar unos derechos económicos bajo gestión en 2050 de un 31% del PIB (300.000 millones de euros). Un reto importante, toda vez que en el momento de la publicación de la ley solo un 8,5% de los trabajadores estaban cubiertos por un PPE, muy por debajo de la tasa de cobertura en otros países de la OCDE, y los derechos económicos acumulados se situaban en solo 37.000 millones de euros.
Para acometer este propósito, la ley ha introducido unas medidas principales: regulación de los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados (PPES); regulación de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos (FPEPP); modificaciones e incrementos en los límites de aportaciones y contribuciones a PPE y en los límites de reducción de las mismas en IRPF; e, introducción de incentivos fiscales y de Seguridad Social a las empresas, por las contribuciones que realicen a PPE a favor de sus trabajadores.
Aunque en una fase incipiente, estas medidas ya han generado unos datos que muestran un significativo incremento del número de partícipes en los planes de pensiones de empleo, habiendo crecido desde los 1.934 millones a finales de 2022 hasta los 2.721 millones de partícipes a cierre del tercer trimestre de 2024, un 42% más en tan solo 21 meses. Pero el éxito más palpable hasta el momento de la aplicación de estas medidas es que han mejorado mucho la comunicación y la visibilidad de los vehículos: “Desde el periodo prelegislativo se ha hablado de previsión social empresarial mucho más de lo que se había hablado los 35 años anteriores, y se ha hecho en entornos mucho más diversos”, señala Martínez-Cue, saltando desde el reducido ámbito de la industria de la previsión social complementaria y de algunas pocas empresas promotoras de planes, a ámbitos más extensos de la opinión pública, así como a los medios de comunicación. “La batalla de la opinión pública ha sido el gran acierto de las partes promotoras del nuevo paquete legislativo, sacando del anonimato esta materia”, concluye el análisis.
Uno de los principales motores del incipiente auge de los planes de pensiones de empleo está siendo la negociación colectiva sectorial, con una velocidad de promoción más lenta en la actualidad, aunque con un mayor potencial de crecimiento futuro que los PPES de trabajadores autónomos, debido a una mucho mayor población de trabajadores por cuenta ajena (14,3 millones por 3,3).
De hecho, como recuerda el informe, algunos convenios sectoriales ya han acordado o están en fase de acordar la promoción y puesta en marcha de PPES, como el de la Construcción, principal contribuidor para lograr ese gran crecimiento del número total de partícipes en planes de pensiones de empleo, por ser obligatoria la afiliación de todos los trabajadores y la contribución de los empleadores.
Otra de las grandes apuestas de la normativa ha sido la promoción de la previsión social entre los autónomos, desde que en septiembre de 2022 viese la luz el primer PPES para este colectivo. No obstante, se ha hecho mucho énfasis en el ahorro de estos trabajadores y el estudio dedica un apartado específico a la planificación de su jubilación, sugiriendo que cada trabajador por cuenta propia debería fijarse como objetivo mínimo alcanzar unos ingresos periódicos mensuales durante su jubilación iguales a la pensión pública que le hubiera correspondido si hubiera trabajado por cuenta ajena.
Para llegar a su nivel objetivo de ingresos durante la jubilación, lo que no cubra con pensiones públicas contributivas derivadas de sus cotizaciones sociales, lo podría obtener a través del ahorro financiero previsional complementario, periódico, ya fuera en PPES de trabajadores autónomos o bien en productos de previsión social individual, de fiscalidad diferida (como planes de pensiones individuales) y/u otros de fiscalidad inmediata (unit linked, PIAS), así como otros productos y activos de ahorro inversión (fondos).
Para promover estos vehículos, se han establecido mayores límites financiero-fiscales en los PPE, especialmente para los trabajadores autónomos, que tenían muy limitada la realización de aportaciones para su jubilación en productos de previsión social, como los planes de pensiones, estando sujetos al límite general o conjunto de aportación de 1.500 euros de hasta otros 4.250 euros adicionales siempre y cuando las mismas se realicen a PPES de trabajadores autónomos o bien a planes simplificados sectoriales.
Se estima que, en 10 años, 1,5 millones de trabajadores autónomos podrían ser partícipes de planes de empleo simplificados. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay un total de 3,3 millones de autónomos, ello supondría que, si se cumplen las estimaciones, “dentro de 10 años casi un 50% de los trabajadores por cuenta propia estarían cubiertos por planes de pensiones de empleo”.
Para el autor del informe, una generalización de la cobertura del sistema de empleo sería una palanca para mejorar las provisiones de ahorro-jubilación de una mayoría de trabajadores y, por tanto, de sus ingresos durante su retiro. Para ello, en líneas generales, se ha de trabajar en incrementar la tasa de participación en los vehículos de previsión social empresarial y, posteriormente, se ha de mejorar el nivel de las aportaciones y derechos acumulados.
En esta línea, el informe plantea numerosas propuestas específicas para aumentar la participación:
Una vez lograda la universalidad en la participación de trabajadores en los planes de pensiones de empleo o bien una alta participación, “o coetáneamente a ese primer objetivo”, podrían ser necesarias una serie de posibles medidas para la mejora de la generosidad de esas aportaciones. Entre las mismas estarían:
Aunque en el estudio se hace hincapié en que el ahorro a través de planes de empleo tendrá un protagonismo importante, también es muy relevante el ahorro voluntario a título personal. Es conveniente comenzar cuanto antes con esa planificación de la jubilación y dotación del correspondiente ahorro complementario.
Así, se especifica que la planificación y ahorro para la jubilación deberá realizarse haciéndose coincidir en el tiempo con otros objetivos de corto y medio plazo. “Si no lo hiciésemos así y postpusiésemos el hecho de empezar a ahorrar para la jubilación como última meta financiera, por ejemplo, para una vez cumplidos los 55 años, sería demasiado tarde o requeriría un esfuerzo financiero mucho mayor”, sostiene el análisis.
Se ha de seguir con cierta periodicidad y revisar más profundamente cada cierto periodo, para confirmar que se van cumpliendo los objetivos parciales y, especialmente, ante hechos significativos en nuestra etapa activa que determinen cambios en la planificación y nivel de ahorro (por ejemplo, incrementos de salarios, desaparición de algunos de gastos principales, emancipación de hijos, situaciones de desempleo etc.).
Ahora bien, el estudio apela, “ineludiblemente”, a lograr un verdadero compromiso de todas las partes interesadas por un efectivo crecimiento de las pensiones de empleo, con decisiones, acuerdos, cesiones e, incluso, si fuera necesario, renuncias de estas:
Como destaca el informe, en España las pensiones son más prioritarias que cualquier otra política de Estado y servicio público (en 2023 se destinó a pensiones aproximadamente un 42% del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado). Eso deriva en unas tasas de sustitución netas de la primera pensión sobre salario medio del 80,4% y que, probablemente, si no se tomasen medidas de ajuste, crezca en un futuro próximo hasta el 89%. “De ahí que el objetivo debe ser lograr ingresos complementarios que permitan obtener mejores prestaciones para los trabajadores actuales durante su futura vida de jubilados; esos complementos serán de carácter modesto, ya que la pensión pública en el futuro continuará siendo la principal fuente de ingresos”, expone el texto.
Pero el informe va más allá y explica las características del sistema de pensiones en otras partes del mundo que están siendo exitosas. En EE.UU., además de la adscripción automática por defecto de trabajadores a planes de jubilación, se utilizan los denominados planes de escalamiento o incremento automático de aportaciones, que han ayudado a millones de trabajadores a ahorrar más para la jubilación, ya que implica que un trabajador será inscrito automáticamente por su empleador en un programa que recoge un calendario de incrementos anuales de sus aportaciones personales. Aproximadamente un 88% de los empleados adscritos automáticamente a planes de pensiones de empleo o vehículos de ahorro jubilación ha continuado afiliados.
También en el sistema británico de pensiones de empleo de automatic enrolment existe una alta tasa de fidelización al modelo, de modo que el 91% de los trabajadores inscritos por defecto ha permanecido en el sistema. Para el empresario es obligatorio afiliar automáticamente a sus empleados y realizar a su favor las aportaciones mínimas establecidas, siempre y cuando este también aporte su porcentaje. Para el trabajador su participación es voluntaria: una vez adscrito automáticamente, puede decidir salirse dentro de un periodo de tiempo.
En Irlanda, cuyo sistema de ahorro para jubilación de automatic enrolment se pondrá en marcha en septiembre 2025, se ha previsto un calendario gradual de incremento de las aportaciones para que, lo que debería ayudar a mejorar los ingresos por jubilación de los trabajadores, procedentes de los planes de pensiones de empleo, y esperan que el porcentaje de solicitudes de baja en los mismos, debido a ese incremento progresivo de contribuciones, sea bajo.
El análisis concluye que las pensiones complementarias del sistema de empleo deberán jugar un papel fundamental a lo largo de los tres próximos cuartos de este siglo en Europa y en las economías occidentales, en la generación de unos ingresos durante la jubilación que sean suficientes, dando soporte a los sistemas públicos de pensiones, ante todos los retos que los mismos deben abordar, debido a los efectos de la demografía, principalmente por la longevidad y la inversión de la pirámide de cohortes poblacionales.
No obstante, en los sistemas de pensiones mixtos de reparto y capitalización, ese papel protagonista de los sistemas complementarios de empleo deberá ser muy diferente en cada uno de los países, dependiendo de cuál sea el nivel de suficiencia de la pensión pública a la que deben complementar.
Por tanto, no se debe pedir el mismo grado de contribución en la consecución de tasa de reemplazo objetivo sobre el salario previo a jubilación, a los sistemas de pensiones de empleo en España, que el que deben proveer en países como Reino Unido o Irlanda, donde las pensiones públicas son una red de seguridad mínima no vinculada a ingresos (sino únicamente a los años cotizados o reconocidos), y que cubren una parte modesta de los ingresos que necesita el trabajador durante su jubilación.
“En mi opinión, la Ley 12/2022 ha sido un buen primer paso que requerirá de una continuidad en el futuro, no solo modificando y matizando lo que no funciona en la regulación actual, sino especialmente haciendo cambios estructurales de mayor calado, como avanzar hacia la semiobligatoriedad de las pensiones de empleo, así como promover el uso del método de adscripción automática de trabajadores, para lograr la generalización de la participación de trabajadores en los planes de pensiones de empleo”, concluye Martínez-Cue, quien lanza un último reclamo: “Compromiso es lo que es necesario y, al mismo tiempo, falta actualmente para el desarrollo de las pensiones de empleo en España”.
‘Claves para el crecimiento de las pensiones de empleo en España: una visión comparativa’ aborda también otras formas de ahorro complementario a través del sistema de previsión social “en el lugar de trabajo”, que pueden jugar un papel de refuerzo a los compromisos por pensiones instrumentados a través de PPE. Por ejemplo, la realización de aportaciones (primas) a seguros colectivos de jubilación a través de planes de retribución flexible: “Estos programas son un excelente canal de comunicación para la sensibilización en el ahorro y en la planificación de la jubilación”, especifica el texto.
Asimismo, otras formas de ahorro complementario, basadas en la relación laboral, serían las mochilas previsionales voluntarias, que consisten en trasladar a planes de ahorro-jubilación pequeños incentivos económicos que el empleador daría a sus trabajadores, a través de puntos convertibles en aportación a planes de pensiones o seguros de ahorro unit linked, por su participación en programas de voluntariado vinculados al compromiso social de la entidad empleadora, y/o bien por su participación y cumplimiento de objetivos en programas de vida saludable, ejercicio y alimentación saludable. De esta manera, se combina la estrategia de responsabilidad corporativa con la estrategia de total reward, premiando a aquellos empleados que muestren compromiso y dediquen parte de su tiempo a iniciativas de ayuda social o medioambiental, y a aquellos empleados que se cuiden (mejorando su bienestar físico y psíquico), contribuyendo a la mejora del bienestar financiero.
También se podría facilitar el acceso a productos de previsión social individual, como planes de pensiones individuales (PPI), planes de previsión asegurados (PPA), planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) u otros seguros de Vida Ahorro individuales unit linked. No son instrumentos de previsión social empresarial, ya que la aportación a esos productos individuales la realiza el empleado contra su retribución neta. Ahora bien, podría hacer la empresa esa aportación, pero como una mera mediación en el pago y, por tanto, con carácter de retribución dineraria (sujeto a ingreso a cuenta).
www.pymeseguros.com