En la última jornada de trabajo organizada por Fundación Inade se analizaron las repercusiones de la toma de decisiones de consejeros y directivos, y las soluciones que aporta el sector asegurador para la transferencia de los posibles riesgos. Entre otras cosas, se recordó que con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito se prohíbe tácitamente el ejercicio de acciones frente a administradores del FROB en entidades financieras intervenidas.
Este acto fue el primero del programa que la Fundación ha puesto en marcha en colaboración con la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) con el fin de crear en el tejido empresarial de la provincia una cultura en la gestión del riesgo y su transferencia a la actividad aseguradora.
La jornada la comenzó Francisco Peña, abogado de la firma Gómez-Acebo & Pombo Abogados, hablando sobre “Los riesgos derivados de la toma de decisiones en la empresa”, en la que analizó los diferentes riesgos a los que se enfrentan consejeros y directivos cuando toman decisiones en el desempeño de su gestión empresarial.
Peña resaltó que los administradores y directivos deben preocuparse por los diferentes tipos de responsabilidades derivadas de su papel como administrador o por regulaciones sectoriales. En el seguro de D&O (Directors and Officers), la cobertura más importante es la de defensa legal, y cubre las responsabilidades tanto de directivos como de administradores, aunque su régimen legal sea diferente.
Francisco Peña detalló los cuatro tipo de acciones que puede generar la responsabilidad civil de administradores: la acción social (que puede ser ejercitada por los socios o accionistas de la sociedad, por daños causados a la misma cuando el administrador ha incumplido sus labores de lealtad y diligencia), la acción individual (ejercitada por accionistas o acreedores, por daños sufridos directamente en su patrimonio por un acto puntual), la acción por deudas (ejercitable cuando una sociedad tiene deudas que dejan el capital por debajo del 50% de su patrimonio), o la responsabilidad concursal (únicamente ejercitable por los administradores concursales).
Peña recordó que pese a que las multas no pueden estar cubiertas por los seguros, en la modalidad de D&O sí se cubren las posibles sanciones derivadas del incumplimiento de normas en empresas sometidas a regulación y supervisión (excluyendo las derivadas de actos dolosos).
Durante la ponencia recordó asimismo que con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito se prohíbe tácitamente el ejercicio de acciones frente a administradores del FROB en entidades financieras intervenidas.
Posteriormente, José María Elguero, director de Estudios de Marsh, detalló las soluciones que la industria aseguradora pone a disposición de empresas y organismos para cubrir las responsabilidades generadas en la toma de decisiones de sus consejeros y directivos, asunto de especial importancia dado el incremento de las reclamaciones contra consejeros y directivos durante el año 2011.
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