Las personas afectadas por la DANA que sean titulares de planes de pensiones podrán retirar hasta un máximo de 10.800 euros de manera excepcional durante los próximos seis meses. Es una de las medidas del segundo paquete de ayudas publicado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la DANA.
La gestora tendrá que efectuar el reembolso en un plazo de siete días hábiles, extensible a 30 días en el caso de planes de pensiones de la modalidad de empleo. La medida está orientada concretamente a cuatro grupos, según indica la norma en el BOE (art. 51):
Los titulares de los planes deberán aportar documentación que acredite cualquiera de las situaciones anteriores o, en su defecto, una declaración responsable a la gestora del plan de pensiones. La medida se extiende a planes previsión social empresarial, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados.
El rescate de los fondos estará sujeta al régimen fiscal de las prestaciones de planes de pensiones. Los beneficios de los planes de pensiones tributan, por término general, como rendimientos del trabajo en el impuesto sobre la renta (IRPF).
El Gobierno ha lanzado más de un centenar de medidas valoradas en 3.765 millones de euros entre las que destaca un conjunto de permisos de ausencias al trabajo extraordinarias por la DANA, unas abstenciones que estarán remuneradas y que el empleado no tendrá que recuperar. La empresa pagará el 100% de estas licencias.
Moncloa ha extendido todas las ayudas directas por daños sufridos en viviendas a inmuebles que estén alquilados y el Ejecutivo adelantará el 50% a todos los ciudadanos que soliciten estas ayudas de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente.
Pedro Sánchez anunció también que se aumentará un 30% el complemento de ayuda a la infancia que reciben hasta 10.000 familias. Las familias hipotecadas podrán congelar hasta 24 meses el pago de las letras si existe riesgo de vulnerabilidad.
El Gobierno movilizará todo el suelo disponible por la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) para agilizar la construcción de viviendas a precios asequibles en los municipios afectados. A corto plazo, ofrecerá los inmuebles en poder de la Sareb para realojar a las personas que hayan perdido sus viviendas.
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