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La vivienda tiene más peso que la edad como factor de desigualdad
Ser inquilino, propietario o un arrendador que percibe rentas de uno o varios pisos en alquiler no es simplemente una etiqueta dentro del mercado inmobiliario. Cada una de estas posiciones encierra una realidad económica distinta. Y, entre ellas, destaca la de quienes viven de alquiler, por tener asociada a una mayor fragilidad económica. No disponer de vivienda en propiedad se convierte, de hecho, en un factor de desigualdad de primer orden, hasta el punto de que la brecha que marca este rasgo es más profunda incluso que la que tradicionalmente se atribuye a la edad para explicar las diferencias socioeconómicas. Así lo concluye un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), que se publica este martes.
Para entender cómo se configuran las distintas capas sociales, el informe pone el foco en las barreras que delimitan estos grupos y en su capacidad para amplificar otras desigualdades. “El debate sobre la desigualdad económica en España ha otorgado una importancia creciente a la dimensión generacional como factor explicativo”, advierte el texto, coordinado por el investigador Javier Gil y en el que han participado Miguel García-Duch, Irene Lebrusán y Óscar Villas.
“Las dificultades de las generaciones más jóvenes para acceder a la vivienda y consolidar su situación económica han situado esta cuestión en el centro de numerosas discusiones sobre política económica y social”, añade el informe. Sin embargo, el análisis apunta a que la vivienda —especialmente en un contexto de crisis de acceso como el actual— actúa como un condicionante más determinante que la edad. La diferencia se hace especialmente visible al comparar a quienes destinan una parte creciente de su salario al pago del alquiler con quienes perciben esas rentas o ya disponen de una vivienda en propiedad.
Empleando los datos de la Encuesta Financiera de las Familias de 2022 del Banco de España, el estudio señala que los hogares inquilinos ocupan el escalón más bajo de la pirámide de ingresos: presentan una renta mediana anual de 21.335 euros. En contraste, la de quienes son propietarios asciende a 32.120 euros, un 51% más. Las diferencias se agrandan al observar a los hogares que obtienen ingresos del alquiler: los arrendadores de una vivienda registran una renta mediana cercana a los 51.000 euros anuales, 2,39 veces superior a la de los inquilinos. Y la brecha se ensancha entre quienes alquilan dos o más viviendas —multiarrendadores, según la terminología del estudio—, cuya renta mediana ronda los 80.000 euros, 3,77 veces superior a la de los inquilinos.
“Estos resultados confirman que el mercado del alquiler canaliza recursos desde hogares con menores niveles de ingresos hacia propietarios con niveles de renta más elevados, contribuyendo así a la reproducción y ampliación de las desigualdades económicas”, concluye el análisis.
Esa divergencia se acentúa aún más cuando se analiza el patrimonio, precisamente porque los arrendatarios raramente tienen una vivienda. En concreto, los hogares inquilinos presentan una riqueza neta mediana —el patrimonio una vez descontadas las deudas— de apenas 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de quienes poseen su vivienda: cerca de 90 veces más. La distancia se dispara al incorporar a los arrendadores: quienes alquilan una única vivienda alcanzan una riqueza mediana próxima a los 408.000 euros, mientras que los multipropietarios rozan el millón (996.826 euros). “En términos relativos, esto supone niveles de riqueza 184 y 450 veces superiores”, subraya el informe. A partir de ahí, la escalada continúa: la riqueza ronda el millón entre quienes arriendan dos o tres viviendas y supera los 1,5 millones entre los grandes tenedores.
El análisis por edad introduce, no obstante, algunos matices. “Las diferencias de renta entre grupos etarios existen, pero son relativamente moderadas”, señala el texto. Los menores de 35 años registran una renta mediana de 26.900 euros, que aumenta entre un 20% y un 27% entre los 35 y 64 años. En cambio, los mayores de 74 años presentan los niveles más bajos (19.651 euros). Sin embargo, cuando el foco se traslada al patrimonio, la brecha vuelve a ampliarse y reaparece la vivienda como variable decisiva. “No es tanto la edad como la posición en el mercado residencial lo que explica las mayores desigualdades”, concluye el estudio, que dibuja un patrón claro: el acceso a la propiedad se ha convertido en el principal eje de segmentación económica.
Esta no es la primera ocasión en que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone el foco sobre las diferencias entre hogares de inquilinos y de arrendadores. El alquiler es, de hecho, uno de los aspectos sobre los que el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha puesto el foco, tanto desde el punto de vista de la normativa de consumo (con sanciones a algunas inmobiliarias) como en la defensa de políticas como la prórroga de alquileres. Esta iniciativa, que Sumar apadrinó con Bustinduy como cabeza más visible, figuraba en el decreto de vivienda que tumbó el Gobierno el pasado abril. Pero el Gobierno ha dicho que, con otra redacción, volverá a figurar en el macrodecreto de medidas de vivienda que espera aprobar este mes, sin que tenga tampoco garantizado de momento el respaldo de la Cámara baja.
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