El coste que supuso para las arcas públicas el fuerte despliegue de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia y en los meses inmediatamente posteriores se “compensó con creces” a través de un masivo mantenimiento del empleo que supuso un menor gasto en prestaciones por desempleo y mayores ingresos fiscales. Esa es una de las principales conclusiones a las que ha llegado un exhaustivo informe Preparando el ERTE para el futuro realizado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que destaca que España manejó especialmente bien el diseño y adecuación de este instrumento de apoyo al empleo durante la crisis sanitaria. Más de 3,5 millones de trabajadores estuvieron protegidos en algún momento por esta herramienta y su coste superó los 35.000 millones de euros.
Así, el director del Área de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, que ha presentado el estudio este miércoles en Madrid acompañado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha destacado que el Gobierno logró “rediseñar muy rápidamente” un modelo de ERTE que antes de la pandemia era “de difícil acceso” y, por lo tanto, “las empresas lo usaban muy poco”. Tras la primera remodelación de esta herramienta, la reforma laboral y un desarrollo reglamentario posterior del Mecanismo RED —que es como denomina la ley a todo el sistema de protección temporal del empleo— “han supuesto grandes avances”, según Scarpetta. Pero los responsables de la OCDE encargados de hacer este análisis creen que el modelo español tiene aún “margen de mejora” y para ello, hacen cuatro recomendaciones.
La primera de ellas es conseguir que los ERTE sean “lo más simple y predecibles posible para las empresas”, ha destacado el responsable de la OCDE. Según este estudio, “el diseño del régimen sigue siendo relativamente complejo y ha cambiado en numerosas ocasiones” y “sigue habiendo algunos aspectos que podrían simplificarse aún más”. Y, aunque Scarpetta ha insistido en que España ha mejorado mucho esta cuestión, cree que para hacer su uso más sencillo “se debe garantizar a las compañías que accedan rápidamente al mecanismo” o “se podrían elaborar guías de uso” al alcance de las empresas. “Se trata de que el funcionamiento de un ERTE sea comprensible tanto para las empresas como para los trabajadores”, ha aconsejado Alexander Hijzen, economista sénior de la división de Empleo e Ingresos de la OCDE, que también ha participado en la presentación.
Los expertos de la OCDE proponen también la creación de una especie de bonus malus (como se denominan las cláusulas de bonificaciones o penalizaciones que aplican muchos seguros) para que el apoyo en forma de financiación pública de parte las cotizaciones sociales que supone esta herramienta no disminuya con el tiempo. Esto se haría para no agravar las restricciones de liquidez durante las dificultades temporales de la empresa, por lo que esta cofinanciación se aplicaría a posteriori, en forma de aumento de cotizaciones sociales una vez terminado el ERTE y en función del grado de uso que se haya hecho del mismo. “Esto permitiría subir más las cotizaciones de aquellas empresas que abusen de los ERTE”, ha explicado Scarpetta.
La tercera recomendación afecta a la formación que se prevé para los trabajadores afectados por un ERTE, y que es obligatoria en el caso de las empresas que se beneficien de las exenciones de cotizaciones por expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (denominados ETOP). En opinión de la OCDE, es posible mejorar la eficacia de esta medida. “Por ejemplo, se podría exigir que la formación relacionada con el trabajo fuera impartida externamente por proveedores certificados. Del mismo modo, se podría vigilar la eficacia de los cursos de capacitación mediante el uso de evaluaciones periódicas”, indica el estudio.
Finalmente, la organización internacional recomienda que aunque los ERTE han funcionado muy bien, “no pueden ser una solución a todos los problemas durante una profunda recesión económica”, en referencia a próximas crisis. Por lo tanto, consideran que es importante que el Gobierno “garantice que los trabajadores para los que el ERTE no está disponible o tiende a ser menos eficaz, como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores temporales y los trabajadores de empresas con dificultades estructurales, tengan acceso a una ayuda efectiva a la renta por desempleo.
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