El Consejo de Ministros ha aprobado una inyección de 260 millones de euros a Casa 47, la empresa estatal de vivienda, para impulsar 22 nuevos proyectos en distintas comunidades del país. Estos prevén la construcción de 1.629 pisos asequibles, según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La aportación se articula a través de una nueva adenda al convenio suscrito entre el departamento que dirige Isabel Rodríguez y la entidad. Con esta ampliación, la financiación pública destinada a levantar vivienda asequible en todo el territorio nacional alcanza ya los 2.080 millones. En conjunto, el programa suma 68 proyectos en marcha y más de 3.000 viviendas proyectadas con el objetivo de reforzar la oferta residencial y aliviar la actual crisis de acceso a la vivienda.
El ministerio señala que la adjudicación de un nuevo paquete de ayudas para afianzar la construcción de viviendas públicas consolida una de las principales apuestas desde la configuración de Casa 47, que fue presentada a finales del año pasado. En estos meses, el departamento de Rodríguez ha ido nutriendo de músculo financiero a este organismo para encabezar la construcción de distintos proyectos por todo el país. De los 68 que se encuentran en marcha en estos momentos, 44 actuaciones están dirigidas a la edificación residencial para construir 3.266 viviendas. Las 24 restantes van hacia la urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas, según fuentes ministeriales.
Los 22 proyectos aprobados este martes se concentran en distintas comunidades autónomas y municipios: Gines (Sevilla), Granada y Roquetas de Mar (Almería), Gijón (Asturias), Puerto del Rosario (Las Palmas); Ávila, León, Valladolid, Talavera de la Reina (Toledo), Girona, Roda de Barà (Tarragona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Castellón de la Plana, Alicante, Ibi (Alicante), Badajoz, Cáceres, A Coruña, Carballo (A Coruña), Lugo (Galicia), Logroño y Murcia.
Desde el Ejecutivo recalcan que a estos proyectos de nueva construcción se suman también los trabajos de adecuación de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb, el banco malo, y de otras entidades públicas, y que estas se pondrán a disposición de la ciudadanía a medida que estén “en condiciones óptimas de habitabilidad”.
La ministra de Vivienda también ha llevado al Consejo de Ministros el pacto alcanzado con las comunidades autónomas tras la última conferencia sectorial para el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de 7.000 millones de euros. Rodríguez ha anunciado que, a partir del mes de julio, las comunidades podrán disponer de un total de 800 millones de euros para comenzar a desarrollar sus distintos proyectos de vivienda. “El Estado da este primer empuje antes de que entre en juego la cofinanciación requerida”, ha indicado. Este plan contempla un reparto de los fondos del 60% por parte del Estado y del 40% restante a cargo de las comunidades.
Por el momento, la convocatoria piloto para la adjudicación de 171 viviendas está todavía terminando de concluirse, y se espera que en los próximos meses se lance una nueva convocatoria con más de 600 viviendas, que aparecerán en el portal del inquilino. Del mismo modo, Casa 47 se encuentra en proceso de culminación de la que es su primera oferta pública de compra, en la que desembolsará 100 millones de euros, para incorporar viviendas procedentes de particulares o fondos.
“Casa 47 es una pieza clave para el cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda que está impulsando el Gobierno porque actúa sobre el principal lastre de España a la hora de resolverlo, en comparación con los países de nuestro entorno europeo: la ausencia de un parque público de vivienda capaz de condicionar el mercado privado”, valoran desde el ministerio. “Con la Entidad Estatal de Vivienda, el Gobierno no solo pretende situar a nuestro país en los estándares europeos de vivienda pública, sino que busca ir un paso más allá y situarse como un referente en políticas públicas de vivienda, como ya lo es en otras materias como la sanidad, la educación o los derechos sociales”, añaden.
Las viviendas gestionadas por este organismo buscan ofrecer alquileres asequibles que no superen la barrera del 30% de la renta de sus inquilinos, además de que sus contratos tendrán una duración que podrá llegar hasta los 75 años.

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