El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado publicaba un Real Decreto que, en su disposición adicional tercera, regula el convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para intentar frenar el turismo sanitario, ahorrando unos mil millones de euros. Para ello, los inmigrantes sin papeles, cualquier europeo que quiera ser operado en un hospital o los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos por encima de los 100.000 euros anuales no podrán acceder a la asistencia sanitaria. Para que no se queden sin cobertura, el Gobierno ofrece la firma de una póliza o seguro que será necesario haber suscrito para pedir cita en el médico de cabecera. Se trata de un sistema similar al de otros países como Alemania. Según la propuesta inicial, el precio oscilaría entre los 710 euros al año para los menores de 65 años y los 1.800 euros anuales para los mayores de esa edad.
No obstante, el gobierno recuerda que todos los ciudadanos tienen garantizada la asistencia básica de urgencia en territorio español. Además, con la ley actual, embarazadas o extranjeros menores de edad seguirán recibiendo gratis las prestaciones sanitarias.

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