El Gobierno apuró hasta el límite el plazo comunitario del que disponía para hacer pública, al filo de la medianoche del pasado jueves y en pleno arranque del puente del Primero de Mayo, la hoja de ruta acordada con Bruselas con sus planes tributarios para el ejercicio 2026. El Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que actualiza la situación presupuestaria del país y detalla cómo garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales europeas en el futuro, compromete un incremento de la presión fiscal de unos 8.500 millones de euros para el ejercicio 2026, pese a las relevantes rebajas tributarias aprobadas para paliar el impacto de la guerra en Irán.
En concreto, el documento oficial remitido a la Comisión Europea detalla que el conjunto de los ingresos públicos de España se elevará este ejercicio en medio punto de PIB, pasando de un peso relativo sobre el conjunto de la economía española del 41,7% al 42,2%, el equivalente a los citados 8.500 millones. Con todo, el propio Gobierno apunta a que esta cifra de ingresos supone "una leve ralentización de su crecimiento, con una tasa de variación del 6,5%", debido a la "adopción de las medidas mencionadas para paliar los efectos de la guerra en Irán, de forma que para este año las medidas discrecionales de ingresos serán considerablemente inferiores a las de 2025".
El Ministerio de Hacienda, sin embargo, también tiene previsto un relevante incremento de la recaudación gracias a medidas desplegadas en materia de IRPF, tributación patrimonial, Impuestos Especiales y, ante todo, el Impuesto de Sociedades.
Una cuarta parte de la mejora estructural de la recaudación tributaria procede, no obstante, de la negativa de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, que forma parte de los compromisos del Plan Fiscal y está reportando del orden de 2.300 millones de ingresos anuales.
Más allá, entre las principales novedades del ejercicio se encuentra el estreno del nuevo impuesto mínimo global del 15% sobre las grandes multinacionales, con el que el Gobierno revela que espera ingresar 1.708 millones de euros este año. El llamado Pilar II del marco fiscal de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) impone una tributación mínima a todas las empresas que facturen desde 750 millones anuales.
El Ejecutivo español, sin embargo, se anticipó al marco internacional acordado por 140 países y estableció un tipo mínimo nacional del 15% en el Impuesto de Sociedades (cuyo tipo nominal es del 25% en general, o 30% para banca y petroleras) para firmas con una facturación anual superior a 20 millones que Hacienda calcula le aportará otros 621 millones este año.
En paralelo, la reducción del tipo impositivo societario para las pymes al 23% supondrá una rebaja fiscal de 307 millones para las empresas que facturan menos de 10 millones al año.
De otra parte, la reactivación de las subidas fiscales societarias impulsadas en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y tumbadas por el Tribunal Constitucional, permitirá recuperar ingresos por 2.629 millones este ejercicio.
Del lado del Impuesto de la Renta, la principal novedad tributaria con la que el Gobierno aspira a alimentar las arcas públicas este año es la subida del tipo marginal sobre el ahorro al 30%. La medida, que opera sobre los rendimientos superiores a 300.000 euros, arrojará 472 millones de ingresos públicos extra.
Más allá, el Ejecutivo estima que en 2026 ingresará 466 millones extra por la subida del Impuesto Especial sobre el tabaco, y asume que el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas asegurará el cobro de otros 623 millones (si bien el grueso del ingreso se derivará al Impuesto sobre Patrimonio, que las regiones que no lo cobraban han acabado reactivando para retener los ingresos que de otro modo acapararía Hacienda.
Con este arsenal fiscal, y conteniendo el alza del gasto público del 44,1% al 44,2%, el Gobierno espera limitar el incremento neto de gasto computable en el 4,2% y rebajar el déficit del 2,4% al 2,1% del PIB (del 2% al 1,5% sin tener en cuenta gastos extraordinarios como los de la dana).

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