La morosidad empresarial continúa por encima de los límites legales y mantiene plazos «excesivos», mientras que el sector público ha logrado situar su periodo medio de pago por debajo de los 30 días legales, según el Informe de Morosidad 2025, presentado en el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa.
Además, el 60 % de las empresas denuncia la imposición de plazos de pago indebidos, lo que evidencia la persistencia de prácticas que afectan especialmente a las pymes y, en particular, a las microempresas.
En la reunión del Consejo, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha manifestado su objetivo de reforzar la gobernanza de la política industrial y avanzar tanto en el análisis del citado informe como en la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, ha informado su departamento.
Uno de los principales focos del encuentro ha sido la morosidad, especialmente después de que el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada -órgano consultivo y de vigilancia creado por el Gobierno para supervisar, medir y combatir los retrasos en los pagos comerciales- haya aprobado su informe de 2025.
El documento, presentado en el Consejo Estatal de la Pyme, como exige el mandato del Observatorio, alerta de que el periodo medio de pago empresarial alcanza los 64 días -según el Banco de España- y los 67 días -según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad-, con lo que supera el límite legal de 60 días.
Frente a esta realidad, el Consejo ha subrayado la importancia de reforzar los mecanismos de control; mejorar la trazabilidad de los datos, con especial protagonismo de la factura electrónica, y avanzar en el desarrollo de instrumentos que garanticen el cumplimiento de los plazos de pago.
La reunión también ha abordado la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, herramienta para ordenar, alinear y reforzar las políticas públicas dirigidas al tejido empresarial, de cara a adaptarlo a los retos actuales.
El nuevo enfoque persigue impulsar un «salto estructural» en la competitividad de las pymes españolas, y se articula en torno al crecimiento empresarial, talento, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización.
Conforme a los datos del Consejo, el tejido productivo sigue estando altamente atomizado, con un 92,9% de microempresas, y presenta una brecha de productividad del 37% respecto a la media de la Unión Europea.
Ante esta situación, el Marco Estratégico 2030 busca corregir debilidades estructurales y favorecer la transformación del modelo empresarial hacia uno más innovador, resiliente y competitivo.
El director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), Joaquín Gómez, participó en la reunión de este órgano, dependiente del ministerio de Industria y Turismo, en la que estuvo presente el ministro del ramo, Jordi Hereu.
En el encuentro se abordaron los principales documentos de planificación y seguimiento de la política nacional de apoyo a las pymes, como la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030; el informe de seguimiento 2024-2025, o el informe sobre plazos de pago y morosidad.
Durante su intervención, Gómez reclamó que la nueva estrategia estatal “no se limite a describir problemas que ya son conocidos, sino que incorpore reformas de fondo para mejorar la competitividad de las pymes”. “Si desde 2019 seguimos hablando de los mismos problemas de tamaño, productividad, financiación, absentismo, internacionalización y exceso de burocracia, debemos reconocer que algo no está funcionando como debe”, señaló.
El titular del Info subrayó asimismo que “las grandes palancas que condicionan el tamaño empresarial, la salud financiera y la productividad dependen en gran medida del Estado, entre ellas la política fiscal, la regulación laboral o el marco mercantil, contable y administrativo”. En este sentido, Gómez ofreció la colaboración de la Región para “abordar con valentía conjuntamente esas reformas estructurales a través de grupos de trabajo con participación autonómica activa”.

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