Los cargos públicos, los políticos y el personal funcionario, además de ejercer una profesión expuesta a la opinión pública, son responsables legalmente de las acciones derivadas del desarrollo de su cargo. Es decir, su patrimonio personal puede verse comprometido en el caso de que un tercero, ya sea un individuo o un colectivo, o la propia Administración, decidan emprender reclamaciones de algún tipo, si así lo consideran oportuno.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 114