Los ejecutivos y directivos de las compañías deben tener cada vez más en cuenta los criterios ESG en la gestión de su organización, ya sea en lo relacionado con la estructura productiva, con la administrativa o con las políticas y prácticas laborales. Por lo tanto, pone de manifiesto el surgimiento de nuevos riesgos que afectan directamente al seguro de D&O. De hecho, ya se ha registrado un aumento de las reclamaciones y demandas judiciales vinculadas a este tipo de cuestiones.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 119
Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo están tomando cartas en el asunto de manera decidida en políticas de ESG (Enviromental, Social and Governance), puesto que cuestiones relacionadas con el cambio climático, la igualdad y diversidad en las empresas y las buenas prácticas en la gestión y el gobierno de las compañías han empezado a estar muy presentes en la conciencia de la ciudadanía.
Las empresas ya no pueden ignorar las políticas ESG dentro de su estrategia, puesto que las consecuencias pueden tener efectos devastadores, no solo para la salud del medioambiente, sino también para la propia supervivencia de la compañía, que se arriesga a fuertes sanciones y las demandas, tanto de personas como de organizaciones, que se consideren perjudicadas por las actuaciones de la empresa.
Bajo el término ESG hoy se agrupan riesgos muy diversos que, al ser relativamente nuevos, las empresas pueden caer en la tentación de minusvalorarlos. Pero lo cierto es que una mala gestión de las políticas ESG puede derivar no solo en un importante perjuicio financiero, sino ocasionar también graves daños reputacionales para la empresa.
Todo ello, hace que los ejecutivos y directivos de las compañías deban tener cada vez más en cuenta los criterios ESG en la gestión de todos los ámbitos de su organización, ya sea en lo relacionado con la estructura productiva, con la administrativa o con las políticas y prácticas laborales. El panorama, por lo tanto, pone de manifiesto el surgimiento de nuevos riesgos que afectan directamente al seguro de D&O. De hecho, ya se ha registrado un aumento de las reclamaciones y demandas judiciales vinculadas a este tipo de cuestiones.
A la hora de valorar el riesgo de una empresa y de sus directivos, las aseguradoras tienen ya muy presentes las políticas de cumplimiento de la regulación ESG. Aquellas organizaciones que no hayan instaurado las políticas adecuadas en esta materia o las empresas en las que se detecten evidentes deficiencias en la aplicación de dichos criterios, pueden ver cómo las compañías de seguros las consideran como un riesgo agravado, lo que se traduciría en mayores dificultades para encontrar cobertura y/o en un incremento sustancial del importe de la prima del seguro.
El aumento de los procesos judiciales causados por incumplimientos en el campo ESG se ha acelerado en los últimos años y todo apunta a que seguirán creciendo en el futuro. Algunos de los casos más habituales son: Procesos judiciales por actuaciones que tengan un efecto sobre el cambio climático, incluyendo prácticas que vayan en detrimento de la transparencia sobre la huella medioambiental que genera la empresa; demandas por realizar el llamado greenwashing, es decir, llevar a cabo campañas o divulgar información no veraz con el fin de aparentar que la empresa opera de manera sostenible; pleitos por la falta de medidas de prevención por parte de los directivos ante un posible percance medioambiental; reclamaciones por falta de diversidad; denuncias relacionadas con la transparencia y los criterios de retribución a los directivos; y litigios causados por no implementar las suficientes medidas de prevención para garantizar la ciberseguridad.
Frente a este tipo de situaciones los seguros de D&O, como el de Berkley España, protegen a los directivos frente a posibles demandas judiciales impulsadas por quien se pueda haber sentido perjudicado por la actividad de la empresa o por las decisiones tomadas por sus altos cargos. El universo de posibles demandantes es amplio y puede incluir a los clientes de la empresa, a los trabajadores, organismos públicos, los proveedores, empresas competidoras e, incluso, la propia entidad y sus accionistas.
Héctor de le Huerta, responsable de Líneas Financieras de Berkley España
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