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Bruselas acepta aliviar las reglas de gasto público para que los Estados afronten la crisis energética
La Comisión Europea va a dar algo de margen para que los Estados miembros puedan responder con gasto público a la crisis energética. El Ejecutivo comunitario permitirá que los países puedan destinar hasta un 0,3% del PIB de inversión pública en medidas que aceleren la transición para prescindir progresivamente de los combustibles fósiles, según aseguran varias fuentes comunitarias consultadas por EL PAÍS. La propuesta está recogida en el paquete fiscal que presentará este miércoles el Ejecutivo comunitario y supone una cesión a la reclamación continuada de Italia y España, sobre todo de la primera, desde hace semanas.
Hace apenas 10 días, en Chipre, durante la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro —el llamado Eurogrupo—, una medida de este calado parecía fuera del horizonte. Fueron varios los portavoces autorizados que la alejaron: el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y hasta el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis. Ahora, en cambio, la Comisión abre la posibilidad de dar flexibilidad ante la realidad de que el estrecho de Ormuz, por el que antes de la crisis transitaba alrededor de un 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales, sigue bloqueado.
La propuesta que va a lanzar la Comisión se parece mucho a lo que planteaban España e Italia: se permitirá que la suspensión parcial de las reglas fiscales activadas en 2025 para dar cabida al desembolso en defensa también haga hueco a la inversión en transición energética. El año pasado, el Ejecutivo de la UE permitió a los Gobiernos que lo solicitaran gastar cada año una cantidad equivalente al 1,5% del PIB en seguridad y armamento sin temor a que eso implicara sanciones por superar el límite del déficit público que recogen los tratados comunitarios, un 3% del PIB.
Ahora, la medida que se va a lanzar este miércoles no plantea gasto adicional a ese margen del 1,5% anual, sino que permitirá que tres décimas de ese porcentaje se destinen a inversiones para aumentar lo que Bruselas define como “resiliencia energética”. Además, habrá un límite a esa inversión. Las cláusulas de escape, como se llama técnicamente a estas suspensiones de las normas fiscales, estarán activas hasta 2028, pero eso no quiere decir que pueda gastarse una cantidad equivalente a nueve décimas. Solo se consentirá que sea por una cantidad agregada de seis décimas durante el periodo comprendido entre febrero de este año y finales de 2028.
Todavía falta por ver los detalles de la propuesta y cómo se concreta esta posteriormente en el debate en las instituciones de la UE. Como ya ocurrió el año pasado, será en este proceso en el que se aclararán los detalles de qué inversiones concretas tendrán cabida en esta propuesta. En 2025, por ejemplo, cuando la Comisión propuso la suspensión parcial de reglas fiscales para el gasto en defensa hubo mucha negociación para saber si solo se incluían las armas o también otras facturas de seguridad como las infraestructuras (cuarteles, carreteras adaptadas a los vehículos militares, normalmente mucho más pesados), la formación de los militares o los sueldos de estos últimos. Finalmente se apostó estrictamente por la inversión temporal, sin elementos estructurales.
Si sirve de pista, en uno de los últimos borradores que este miércoles analizará y aprobará el Colegio de Comisarios se habla de redes eléctricas, instalaciones e instrumentos de almacenamiento de electricidad como las baterías, la ampliación de la capacidad de las fuentes de energía limpia (el concepto energía limpia en las instituciones europeas es más amplio que el de renovables porque incluye la producción atómica). Otras fuentes comunitarias también añaden los vehículos eléctricos y los cargadores que necesitan.
Desde que comenzó la guerra en Oriente Próximo, la Comisión Europea ha tratado de despejar una ecuación muy difícil. Por un lado, ha destacado una y otra vez que la crisis llega por la dependencia europea de los combustibles fósiles, que provienen en gran medida de zonas muy inestables geopolíticamente e, incluso, hostiles (Rusia, Oriente Próximo). Así que la mejor solución es impulsar las fuentes de energía propias (renovables y nuclear). Por otro, ha advertido de que no hay mucho margen para echar mano del gasto público por la ingente deuda acumulada en la UE para responder a otros momentos complicados como la pandemia, la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania por Rusia y, antes, la crisis financiera y del euro. Pero tanto la respuesta inmediata −medidas que alivien a empresas y familias la factura de la gasolinera− como la de medio y largo plazo −el desarrollo de esas fuentes energéticas autóctonas− necesitan mucho desembolso de dinero.
Por eso ha llegado la presión de España e Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a mandar una carta a Bruselas hace unas semanas en la que decía: “No podemos justificar ante nuestros ciudadanos que la UE permita que se utilice la flexibilidad fiscal para seguridad y defensa en sentido estricto, sin proteger a las familias, trabajadores y empresas de una nueva crisis energética que impacta severamente en la economía real”. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo había reclamado en el Consejo Europeo que se celebró en abril en Chipre.
Aunque el gesto sea muy significativo, también es cierto que el paso que da la Comisión no implica barra libre de gasto público porque la medida no supone gasto adicional sobre lo que ya se preveía. De esta forma, desde Bruselas se podrá seguir diciendo que las medidas que tomen los Estados contra la crisis deben ser “temporales, selectivas y a medida” y que no deben implicar un enorme desembolso.
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