La Cámara de Comercio de España, junto con Fundación ICO y KPMG acaba de publicar ‘La sostenibilidad, ¿qué es y cómo afecta a mi empresa?’, una guía para que las pymes conozcan los nuevos requerimientos normativos en esta materia, así como las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para convertirse en una empresa sostenible en su operativa diaria. Asimismo, se informa de las ayudas, medidas de apoyo, herramientas y subvenciones que existen para poder llevar a término la transformación sostenible de una pyme.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 134
La sostenibilidad, como defiende el informe, no es un aspecto que afecte exclusivamente a las grandes corporaciones, sino que “se ha convertido en un imperativo global y regulatorio para toda la sociedad, incluidas las pymes”. Además, es una poderosa herramienta para estas, ya que, entre otras ventajas, puede favorecer su acceso a la financiación, o contribuir a su diferenciación con respecto al resto de los competidores.
Tanto es así que según el Eurobarómetro sobre pequeñas y medianas empresas realizado en 2021 por la Comisión Europea, el 89% de las pymes comunitarias ya está tomando acciones para ser más sostenibles, por ejemplo, utilizando energía renovable o reciclando. Es más, el 24% de ellas tiene un plan para reducir la huella de carbono de su negocio y casi un tercio (32%) ya ofrece productos ecológicos.
Para que una empresa sea sostenible tiene que cumplir con tres factores: ambiental, minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente, a través de prácticas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; el uso eficiente de energía y materias primas, y la promoción de la economía circular para disminuir la generación de residuos y el consumo de recursos; social, respetando los derechos humanos y laborales, con acciones como asegurar condiciones de trabajo dignas, promover la diversidad e inclusión, y contribuir al desarrollo comunitario a través de iniciativas que mejoren la educación, la salud y el bienestar económico; y, gobierno corporativo, implementando buenas prácticas y estructuras organizativas adecuadas para asegurar la transparencia, la responsabilidad y la equidad, para lo que hay que luchar contra la corrupción y el soborno, garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones, y tomar decisiones que consideren los impactos a largo plazo en la sostenibilidad de la empresa y su entorno.
Pero ser sostenible, además de reportar grandes beneficios al planeta, también supone muchas ventajas a las compañías:
Tal y como refuerza la guía, una pyme que quiera ser sostenible tienen que empezar por cumplir con la regulación en materia medioambiental, que en nuestro país se circunscribe en la actualidad a tres normativas. La primera de ellas, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, busca la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular. Para cumplirla, algunas empresas están obligadas a calcular su huella de carbono y realizar planes de reducción de gases de efecto invernadero. En principio, las pymes estarían excluidas de esta obligación, pero la modificación del Real Decreto todavía está en fase de borrador, por lo que hay que estar atento a la publicación de esta modificación.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, tiene por objeto la prevención y la reducción de la generación de residuos, favoreciendo el reciclaje y la reutilización, promoviendo un uso eficiente de los recursos. Para ello las pymes deben llevar a cabo acciones como no introducir en el mercado o comercializar elementos de plástico de un solo uso, disponer de una zona habilitada para el almacenamiento de los residuos que genere o posea o separar los residuos según nuevas categorías.
Y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, cuyo objetivo principal consiste en prevenir y reducir el impacto que los residuos de los envases tienen en el medio natural, colaborando en la recogida separada de determinados residuos de envases o participando en los sistemas de depósito, devolución y retorno que se establezcan.
También existen una serie de normativas en el ámbito social que hay que seguir para ser una pyme sostenible. Una de ellas es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que busca garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Su obligatoriedad es para las empresas con 50 o más trabajadores, que tienen que tener al menos un 2% de empleados con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%.
El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, pretende desarrollar el reglamento de los planes de igualdad, así como su diagnóstico y registro. Si se tienen 50 o más trabajadores hay que contar con un plan de igualdad registrado, pero todas las empresas, con independencia del tipo y número de trabajadores, deben respetar la igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación.
En una línea similar se encuentra el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, que establece medidas para hacer efectivo la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia retributiva. En las empresas más grandes, exige un plan de igualdad, mientras que, para las más pequeñas, si en su registro salarial se muestra una diferencia del 25% o más los salarios de las trabajadoras en comparación con los trabajadores, deberá justificar que esa diferencia responde a motivos diferentes al sexo de los trabajadores.
La Ley 15/2022, de 12 de julio, también busca garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, no permitiendo que se produzcan situaciones de esta índole y, en caso de que ocurran, contar con instrumentados de detección, prevención y eliminación de estas situaciones, para no enfrentarse a responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.
Más reciente es la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que desarrolla y garantiza la igualdad y los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Además de evitar cualquier tipo de discriminación hacia ese colectivo en empresas de todos los tamaños, las que tengan 50 trabajadores o más deben contar con una serie de medidas y recursos que me permitan alcanzar la igualdad real y efectiva de estos trabajadores en la empresa, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI.
También cercana en el tiempo es la Directiva (UE) 2023/970, que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres, que deberá ser transpuesta a la normativa nacional antes de junio de 2026, para asegurar que hombres y mujeres tengan la misma compensación por realizar un empleo de igual valor.
En el ámbito del gobierno corporativo también hay unas normas que habría que seguir. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, regula los contratos que celebren las entidades del sector público. El empresario debe ser consciente de que algunos elementos ambientales y sociales pueden ser positivamente valorados en los procesos de contratación pública y que no cumplir con algunos criterios sociales puede implicar que la Administración tenga prohibido contratarle.
La Ley 2/2023, que tiene por objetivo proteger frente a posibles represalias a las personas que denuncian infracciones dentro de su ámbito laboral. Para ello, a las empresas con 50 o más empleados se les exige tener un sistema interno de información sobre las informaciones recibidas, y sobre las acciones e investigaciones que se hayan llevado a cabo.
La guía también hace mención al reporte, que no es como tal una dimensión de la sostenibilidad, sino una herramienta que se puede usar para dar a conocer el rendimiento de la compañía y sus acciones en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, por lo que una empresa que quiera ser sostenible sí ha de tener en cuenta esos indicadores.
La Ley 11/2018 regula qué empresas deben reportar información no financiera, así como el tiempo y forma en que esta debe presentarse. Aunque esta norma indica que todas las pequeñas y medianas empresas están exentas de reportar información no financiera, a excepción, únicamente, de la obligación de proporcionar información sobre las medidas que se hubiesen adoptado en materia de género, se puede reportar esta información de forma voluntaria.
Asimismo, está vigente la Directiva (UE) 2022/2464, que regula la presentación de información relativa a la sostenibilidad de las empresas. Las pymes cotizadas, habrán de cumplir con los requisitos de reporte de la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad a partir de 2026, aunque se puede renunciar voluntariamente a su aplicación hasta 2028, cuando será plenamente obligatoria. Las no cotizadas pueden hacerlo de manera voluntaria.
Tal y como se explica en el texto, implementar toda esta normativa puede resultar un proceso “costoso y complejo”, por lo que existen ayudas, medidas de apoyo, herramientas y subvenciones para poder llevar a término la transformación sostenible de una pyme:
Una de las funciones más importantes del reporte es dar a conocer las características sostenibles del negocio o las acciones que lleva a cabo una empresa para contribuir a la Agenda 2030. Es la forma en que clientes, proveedores, inversores y el conjunto de la sociedad y del mercado sabe de los esfuerzos y progresos de cada compañía y los puede valorar. El informe de sostenibilidad es la herramienta ideal para conseguir este propósito, que no es obligatorio en las pymes, pero pueden hacerlo de forma voluntaria.
Lo más importante, en cualquier caso, es tener en cuenta que un informe de sostenibilidad debe aportar información pertinente, fiel, comprensible y verificable. En él se deben incorporar información general del tipo de pyme que es (actividad, inversores, clientes...); la identificación de los asuntos ambientales y sociales que tengan más relevancia para su actividad; la estructura de la plantilla que se tiene (género, edad, remuneración...); las acciones medioambientales empleadas, como el consumo energético y de agua, la gestión de recursos y residuos, etc.; si la política de contratación de proveedores integra criterios sostenibles; la información a consumidores para garantizar que estos toman decisiones informadas y adquieren productos seguros; y las medidas contra la corrupción y el soborno, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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